Más de cuatro meses después de que se aprobase el Real Decreto-ley 7/2018 , de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, la realidad es que siguen produciéndose casos de exclusión sanitaria.
Mujer embarazada de 5 meses acude a un centro de salud de San Sebastián de los Reyes, en Madrid , donde se niegan a darle el alta, se niegan a darle las citas con enfermería y con la matrona (insisten en que tienen que cobrarle) por llevar menos de 3 meses en territorio español.
Este es un caso real ocurrido recientemente en la Comunidad de Madrid que se une a casos similares en otras partes del Estado español.
Hombre de 31 años, es peruano y vive en Navarra donde está empadronado. Debido a un lipoma que ha crecido ostensiblemente acude al médico. Allí le informan que no pueden derivarlo al especialista porque tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Foral Navarra que garantizaba la universalidad se encuentran a la espera de instrucciones sobre cómo aplicar el nuevo RDL 7/2018.
Mujer de origen marroquí. Tiene 35 años y lleva más de 10 años viviendo en Melilla. Su marido, que padece una enfermedad mental grave, se encuentra en situación regular pero ella no, de modo que no puede empadronarse y en consecuencia tampoco puede tramitar tarjeta sanitaria. Recientemente ha dado a luz mediante cesárea, y si bien ha recibido asistencia durante el parto, al no contar con tarjeta le deniegan la atención a la hora de retirarle los puntos de sutura de la cesárea, con lo que se ve obligada a acudir a una organización miembro de REDER para que le realicen la debida cura.
Mujer de 26 años y es venezolana. Aunque se encuentra en situación irregular, lleva más de un año viviendo en Galicia donde está empadronada. Una noche cenando se le queda clavada una espina de pescado en la garganta y al no poder quitársela acude a urgencias del hospital. Allí le dicen que al ser irregular no tiene derecho a que la atiendan y que si lo hacen deberán facturarle 400 euros. Le recomiendan acudir a la sanidad privada alegando que la atención le resultará menos costosa. No pudiendo hacer otra cosa, y a pesar de no contar con apenas recursos por encontrarse desempleada, termina acudiendo a una clínica
privada donde le cobran 140 euros por la cura.
Son también casos reales entresacados del informe “No dejar nadie atrás”, publicado en octubre del presente año y que ha sido elaborado por REDER -Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012.
Dicho informe cifra en 4.755 el número de personas excluidas del Sistema Nacional de Salud en toda España, sólo desde 2014, entre ellos tiene documentados 68 casos de cáncer, 88 de enfermedades cardiovasculares, 45 de VIH o 116 de diabetes solo en enfermedades graves y crónicas.
Al mismo tiempo, destapa y denuncia las insuficiencias y fallos del citado Real Decreto-ley 7/2018, ya que no garantiza realmente el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones a todas las personas sea cual sea su comunidad de residencia y su situación administrativa a pesar de lo proclamado en su preámbulo
«El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España.”
Precisamente son esos colectivos especialmente vulnerables: menores de edad, mujeres embarazadas, personas extranjeras no regularizadas, solicitantes de asilo, víctimas de trata de seres humanos, familiares mayores que llegan a España por reagrupación familiar, personas sin techo, etc. quienes más están sufriendo la ambigüedad del R.D. 7/2018.
Yo Sí Sanidad Universal, movimiento creado ante el apartheid sanitario implantado por el Partido Popular en 2012, ya alertaba de las posibles consecuencias de esa ambigüedad en su “Valoración del Real Decreto Ley” e “instaba al gobierno del PSOE y a sus socios parlamentarios a corregir los gruesos errores que a nuestro juicio contiene este RDL, que servirán para prolongar y agravar la exclusión sanitaria”
¿Por qué se produce esta situación?
La causa es la ausencia de un reglamento que desarrolle y concrete cómo hacer efectivo ese derecho en todo el territorio español ya que la salud, la sanidad, son competencia de cada Comunidad Autónoma lo que hace que se interprete de forma dispar y se aplique de forma restrictiva en algunas de ellas, como es el caso de la Comunidad de Madrid.
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Yo Sí Sanidad Universal, junto a las organizaciones integradas en REDER, han solicitado “la adopción urgente de un reglamento que clarifique en detalle la norma para blindar el derecho a la salud. Asimismo, estas entidades piden la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos” al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un órgano que tiene por objetivo coordinar los diferentes servicios sanitarios del Estado, según publica en su web Yo Sí Sanidad Universal. Leer aquí.
Y mientras tanto ¿Qué se puede hacer?
En el caso de acudir al centro de salud solicitando el alta y que se nieguen a hacerlo. Pedir que lo den por escrito y en qué articulado de la normativa se basan para hacerlo.
Al mismo tiempo, presentar una reclamación alegando la existencia del Real decreto ley 7/2018 que está en vigor, en concreto el artículo 3 del real decreto, que dice textualmente: «Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española»
También se puede pedir cita con la trabajadora social para que valore la situación de la persona, sobre todo en alguno de los supuestos de personas en situación de mayor vulnerabilidad que deben recibir atención en cualquier circunstancia (mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias).
En el caso de exigencia de pago por atención sanitaria, tanto en el centro de salud como si se acude a las urgencias de cualquier hospital de la red pública, negarse a pagarlo y en el supuesto de que se vea obligado a ello, firmar como “no conforme”, pedir la factura y presentar reclamación.
En cualquier momento puede ponerse en contacto con alguna de estas organizaciones explicando el caso y solicitando ayuda:
Yo Sí Sanidad Universal correo electrónico: yosi.sanidaduniversal@gmail.com
REDER correo electrónico: admin@reder162012.org
Noviembre 2018
Asamblea 15M Sierra Norte de Madrid
